sábado, 23 de junio de 2012

Golpe de Estado en Paraguay; por J.M. Martín Medem

El bipartidismo de la oligarquía ha dado un golpe de Estado en Paraguay para destituir al presidente Fernando Lugo mediante un falso juicio político en el Parlamento que controlan con mayoría absoluta el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Los colorados, que gobernaron durante sesenta años con la dictadura del general Alfredo Stroessner, encabezan la operación con el conocimiento de la embajada de Estados Unidos. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) considera que se trata de “una ruptura del orden democrático” y los presidentes de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador mantienen su apoyo a Fernando Lugo y no reconocerán al nuevo presidente golpista Federico Franco. Los conspiradores habían intentado previamente forzar la dimisión de Lugo (obispo antes de ser presidente) con la colaboración de la Conferencia Episcopal. Franco pertenece al PLRA que gobernaba en coalición con Lugo hasta que decidió incorporarse al golpe de Estado.

Fernando Lugo llegó a la presidencia en el 2008 con el voto popular, derrotando a la tradicional alianza de la oligarquía con el ejército, la jerarquía de la iglesia católica, los grandes medios de comunicación y los gobiernos de Estados Unidos.

El indecente juicio político para su destitución acusa al presidente Fernando Lugo de ser el responsable de una reciente matanza de campesinos en la ocupación de una hacienda del millonario Blas Riquelme, uno de los grandes beneficiados por el reparto de propiedades públicas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. El operativo tiene todas las características de las habituales intervenciones de la policía y de los ejércitos privados de los terratenientes contra los campesinos que reclaman fincas para trabajar. La debilidad del gobierno de Lugo, en minoría en el Parlamento, le impidió realizar la prometida reforma agraria pero sus inquisidores le acusar de ser cómplice de las invasiones de tierras y lo destituyen por “violar el derecho de propiedad al gobernar promoviendo el odio y la lucha de clases para imponer un régimen autoritario como los adherentes al socialismo del siglo XXI”.

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