Los maderos no son obreros y jamás compañeros, por Andrea Benites-Dumont

Más allá que sus salarios, dietas, extras y plus, devengan de fondos públicos que pagamos los ciudadanos en diferentes acápites, los efectivos de las fuerzas policiales, no son por su naturaleza  “empleados públicos” como los docentes o los trabajadores estatales, porque se estaría ignorando que son una fuerza represiva del Estado que garantiza la dominación social y la política de los capitalistas sobre las clases trabajadoras y desposeídas.

Y también más allá de su extracción social, aún cuando obrera, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, y dado que la existencia determina la conciencia, es un defensor de patrones y burgueses, y por ende, nunca un obrero.

El trabajo de un policía no es una actividad productiva, es un accionar represivo. Las policías de diferentes ámbitos se han enfrentado a trabajadores y estudiantes para custodiar tanto los intereses patronales o los estatales. La sindicalización de la policía no transforma ni mucho menos, su esencia represiva; más aún las demandas de esos sindicatos policiales, han tenido que ver en equipar los diferentes cuerpos con mejor armamento e instrucción en nuevas técnicas de control y represión

Lejos de una expresión de deseos, la posibilidad eventual de un compromiso efectivo de una parte de la policía para no reprimir a los trabajadores e incluso rebelarse ante esa orden, sólo sería posible en una situación de lucha de clases aguda, es decir revolucionaria, que produzca el quiebre y descomposición del Estado y de sus instituciones coercitivas y la radicalización política y social de las grandes masas.  Sólo bajo esas condiciones la clase trabajadora podría establecer un acuerdo favorable a sus intereses en pos de romper la cadena de mandos, suprimiendo la disciplina vertical a la media y alta oficialidad, debilitando así el poder represivo del Estado burgués, sobre la base de la movilización revolucionaria, lo que presupone la autoorganización y el armamento obrero y popular, el factor de persuasión sobre las fuerzas represivas. 

El Estado ha inducido en la población el mensaje del papel de custodio de la seguridad y el orden, indispensables para el funcionamiento social; y aún cuando una gran mayoría de la sociedad ha asumido este mensaje intrínsecamente perverso, los policías que se suman a las manifestaciones sociales contra los recortes del gobierno del PP, contaminan y tergiversan el sentido de la suma de demandas de los diferentes sectores.

Los médicos, enfermeros y personal sanitario, educadores, trabajadores del metro, de trenes, funcionarios administrativos, parados, trabajadores en precario, interinos, bomberos… etc., no tienen puntos en común con quiénes emplean armas y ensañamiento en las manifestaciones, con quiénes se hacen los heridos cuando la represión es salvaje y dar así a los medios de comunicación los titulares falaces de batallas y encontronazos; asimismo el movimiento obrero y los movimientos sociales además de la violencia permanente, soportan la infiltración de secretas y soplones.

Produce náusea intelectual y emocional compartir la calle y no enfrente como es tradicional, natural y, por sobre todo digno. Como indigno es pensar que existen policías buenos. Con el desempleo creciendo a diario,  se han incorporado a inicios de este mes de julio,  1.178 nuevos agentes en la Comunidad de Madrid,  con el objetivo de  “garantizar la paz social”… Los policías que acosan a los inmigrantes, los que se emplean a fondo en los desahucios, son de igual calaña de los que cargan contra los mineros, contra los parados, contra los jóvenes, contra los yayos…. Custodian el orden y la ley de los banqueros, de los parásitos sociales, de la oligarquía, son los esbirros de las clases dominantes.

No sólo es deseable que acorten los salarios, pagas y dietas de los represores, ya que por reivindicativa que sea una manifestación obrera, va implícita en ella, el ansia y la lucha por la disolución de todas las fuerzas de seguridad, al tiempo que se defiende y se promueve las formas de autodefensa obrera y popular, enfrentando la violencia centralizada del Estado y sus bandas de matones armados.

No se puede permanecer indiferente y tolerante que en las multitudinarias manifestaciones contra los planes devastadores de la derecha y sus secuaces, los sicarios del capital sean manifestantes comunes. No lo son, no lo han sido y no lo serán, porque son maltratadores y mamporreros,  su cometido es vil, despreciable e infame, su función es sostener a los grupos dominantes, a los poderosos, mafiosos y corruptos con todos los medios a su alcance.

La clase obrera ha sido golpeada tremendamente con la reforma laboral, el recorte de derechos y servicios, en educación, en sanidad, en investigación, en ayudas sociales, la subida de impuestos, la reducción de salarios. En las masivas respuestas se contagia y multiplica la rebeldía, se  acrecienta la rabia, se remienda la maltrecha economía individual en una suerte de trueque fraternal que se acumula en las calles sin, hasta ahora, condicionamientos, ya que se ha colado en las marchas, la infame policía. Para evitar el envilecimiento de tamaña proximidad, es indispensable expulsarlos de la marchas obreras y populares, tenemos sobradas razones e inalterables sentimientos. Y es sin ninguna duda una cuestión innegociable de principios. No tenemos ni queremos otros principios, porque en ellos nos va la vida, toda la vida, la nuestra y la de generaciones anteriores que libraron heroicas batallas para destrozar las cadenas y todos los mecanismos embaucadores de sometimiento.

Hubo condenas... pero ¿hubo justicia?, por Andrea Benites-Dumont

Cincuenta años de condena provoca un impacto indudable; da para alegrías, para comparaciones, da lugar a la referencia especialmente en países que se niega como España –todavía- la posibilidad tan siquiera de investigar… cincuenta años para el genocida Videla y los restantes acusados con condenas menores, aún cuando todos y cada uno de ellos fueron partícipes y ejecutores directos en diversos niveles en la apropiación de menores, la mayoría de ellos nacidos en centros clandestinos de detención durante el cautiverio de sus madres, y en el asesinato posterior de ellas.

La impunidad impuesta  y sustentada por los gobiernos post dictatoriales, ha permitido que se perpetraran y acumularan más delitos contra esos entonces bebés y que hoy rondan la treintena, además de la anulación y sustitución de identidad, en muchos casos, hay que incorporar el maltrato y el abuso… un cúmulo de perversiones para “evitar que se criaran en un ambiente hostil al régimen impuesto”  (Reglamento de las FFAA 1976)

Dada la importancia y trascendencia de este juicio, y de la que debería abarcar, es obligado señalar dos cuestiones impostergables, la primera de ellas, la calificación de los delitos y las penas, que hace al momento judicial transitado, y la segunda, la posibilidad concreta de justicia.

Los apropiadores y ejecutores del plan sistemático en un juicio de casi un año y medio, han merecido condenas desde un abanico de 50 años a absoluciones.

Este insólito escalafón condenatorio evidencia una vez más, la fragmentación inusitada de los juicios, y la negación por parte de elementos conservadores –y no tanto- del poder judicial y en el ámbito político, que lo instaurado en Argentina por los militares y sus cómplices civiles, fue un genocidio.

El delito más tremendo e innombrable, que comenten los Estados terroristas y que aún cuando se repita una y otra vez, queda sin embargo, "desaparecido” para la mayoría de los tribunales y también de las querellas. El aberrante delito de genocidio abarca:

- matanza de miembros del grupo;

- lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

- sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física, total o parcial;

- medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;

- traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Todo ello con la intencionalidad, con la sistematización de la ejecución, y se habla de un grupo nacional, étnico, racial o religioso...

Todos y cada uno de los elementos definitorios señalados los encontramos en los juicios que se parcializan, que se reducen a un número mínimo de casos, causas fragmentadas que generan, por un lado la dilación temporal, dónde van muriendo represores, pero también las víctimas, y dan como resultado entonces que injustamente habrá casos que nunca serán mencionados ni siquiera en esta parcialidad, estarán tan desaparecidos como hasta ahora. Sin olvidar la revictimización de los testigos que tienen que declarar una y otra vez ante diferentes o los mismos represores y asesinos.

La declaración sobre que las conductas investigadas y enjuiciadas, fueron genocidas, violatorias de la Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio concurren ya en varias sentencias que han contemplado la aplicación de la Convención, ya que está previsto desde 1956 en la legislación argentina, fecha de vigencia en la República Argentina del tratado contra el Genocidio. Esto en cuanto a la acción, tipicidad y la culpabilidad de este delito, por lo que resulta coherente solicitar la calificación de genocidio. Respecto a la punibilidad del mismo, la sumatoria de condenas establecidas por los crímenes de eliminación de personas (con devolución de cuerpos o robo de cuerpos), secuestro, tormentos y torturas, violación, robo de menores... Tan contundentes la pruebas como contundentes deben ser las condenas, prisión perpetua en cárcel común, continuando en la jurisprudencia asentada en los emblemáticos juicios contra Miguel Etchekolatz y Von Wernich.  

Hay pruebas tan concluyentes del genocidio y que el desvío de la tipificación a homicidio y/o desaparición forzada de personas, origina situaciones tales como que el mismo día que se condenaba Videla a 50 años, se castigaba también a un individuo a 45 años de reclusión por homicidio en ocasión de robo. Bignone fue condenado a 18 años hasta llegar a dos absoluciones y otras condenas, ciertamente, nada ejemplares. Habrá que recordar siempre que como General en Jefe, Videla en su defensa, sostuvo que los niños fueron robados "unos con la mejor voluntad para darle un buen hogar a los hijos de terroristas, otros para venderlos".

En este proceso judicial, se ha dictaminado las prácticas sistemáticas, y no el plan sistemático elaborado y aplicado para alcanzar la cifra de 500. Queda, asimismo,  irresuelta la colaboración de la jerarquía católica, tan afín a los planes exterminadores, la complicidad de jueces, fiscales, médicos y todos los que participaron para la implementación de este plan sistemático.

Cincuenta años provoca un impacto indudable, pero un desgarro indudable produce el hecho que se considera a una apropiadora como una víctima, o que se hayan excluido casos con sobrados elementos de prueba.

De los 35 casos que se consideraron en este juicio, 28 personas recuperaron su identidad. De los casi 500 casos de menores apropiados, a 105 se les ha podido restituir la identidad. Faltan 400…  

Y este número de personas que andan por ahí no siendo quiénes son, es el segundo punto que surge como consecuencia de la conclusión del juicio por el robo de menores. Y los 400 que faltan ¿dónde y cómo van a dilucidarse? En 1976 se inició la pesadilla del terror, en 1983 comenzó un proceso democrático, en 1987 se establecieron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en 1991, se otorgó el indulto a los jerarcas genocidas, en 1996 se inician los juicios en España, en 2003 se anulan las leyes exculpatorias, desde el 18 de septiembre de 2006 Jorge Julio López continúa desaparecido, en marzo de 2010 fue asesinada en sospechas circunstancias, Silvia Suppo...

Ya es el tiempo de deconstruir la impunidad, es tiempo que decrezca la magnitud del horror y la naturalidad de su absorción social explicitada en aplausos y festejos. Para la alegría colectiva es imprescindible la memoria colectiva, y en ese fallo judicial, no estaban los 400, no estaban.

La simbología de un cuadro descolgado no consuela por Ana María Lanzillotto, por Liliana Delfino, ni por todas las muchachas parturientas que no entraron en el fallo de la "historia"; no consuela porque no repara el dolor de Juliana García ni de Victoria Ruiz Dameri, ni de Virginia Ogando, ni por Fernando ni María Eugenia Amestoy.... no repara, no repara.

Deconstruir la impunidad es ya sin dilación alguna, la apertura de los archivos de la dictadura, que son el códice maldito de la verdad del paradero de los 400 y de los 30.000 que nos faltan: Este es el segundo punto irrenunciable.

Delito de genocidio, condenas de prisión perpetua para los ejecutores y cómplices y, apertura de los archivos de la dictadura.

Los símbolos son la representación perceptible de ideas.

Ya es tiempo de la presentación palpable de la verdad y de la justicia.

Andrea Benites-Dumont   - 9/07/2012 (AEDD, Casapueblos)

Por la autogestión y la desmercantilización; por Carlos Taibo

Dentro del movimiento del 15 de mayo --y dentro de otras muchas iniciativas-- hay, si así se quiere, dos grandes posiciones. La primera entiende que el cometido principal del movimiento estriba en elaborar propuestas que se espera sean escuchadas, en un grado u otro, por nuestros gobernantes. La segunda, muy  diferente de la anterior, aspira, antes bien, a crear espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que nos impone el sistema que padecemos. Y a hacerlo, por añadidura, sin aguardar nada de esos gobernantes que acabo de mencionar.
   
Mi impresión es que la segunda de las posiciones ha ido ganando terreno en el 15-M. No se olvide al respecto que el panorama general en lo que hace a ganancias de la mano de la primera de las perspectivas enunciadas es manifiestamente  desalentador. Claro que no sólo se trata de eso: hora es ésta de recordar que en una de sus matrices principales el movimiento del 15 de mayo nació, un año atrás, al amparo de un propósito expreso de cuestionar un sistema seudodemocrático en el que al cabo, y de siempre, son los grandes poderes económicos los que dictan las reglas del juego. Sobre esa base estaba servida la conclusión de que, aun siendo comprensibles las demandas de reforma de ese sistema que formulaban muchos sectores del 15-M, la inercia del movimiento conducía muy a menudo a lo que cabía entender que era una apuesta por la construcción de un orden distinto y plenamente autónomo.  

 
No está de más que proponga dos ejemplos que permiten perfilar el escenario de la discusión. El primero remite a la muy extendida petición, que algunos asimilan sin más con el 15-M como si una y otra realidad se solapasen, de reforma de la ley electoral. Supongamos, que es mucho suponer, que los dos grandes partidos aceptan la reforma en cuestión y que ésta tiene un perfil saludable. ¿Qué cambios profundos cabe augurar que se derivarían de ello? La posibilidad de que PP y PSOE perdiesen una parte, sin duda menor, de los escaños de los que hoy disfrutan en el parlamento, ¿modificaría sustancialmente la realidad que palpamos en estas horas? ¿No es lamentablemente ingenuo suponer que una reforma de la ley electoral va a resolver alguno de nuestros problemas principales? 
 
El segundo ejemplo que me interesa rescatar es el de la propuesta de creación de una banca pública. No se trata ahora de discutir el buen o mal sentido de tal propuesta. Se trata de preguntarse, antes que nada, cuánto tiempo podemos aguardar para que se perfile esa fórmula de banca. Lo diré con un punto de ironía: ¿cuánto tiempo habrá de transcurrir para que Izquierda Unida cuente con 150 representantes en el Congreso de Diputados? ¿Podemos permitirnos esperar hasta entonces o, como me temo, los deberes son mucho más acuciantes e imperativos? Mal haríamos en olvidar que la gestación de una banca pública reclama inexorablemente del concurso de partidos, parlamentos y leyes, o, lo que es lo mismo, exige el beneplácito de fuerzas políticas y de grupos de presión que apuestan con descaro, apoyados en las mayorías, por otros horizontes. Y ojo que no cabe en modo alguno descartar que populares y socialistas acaben por perfilar una banca pública con cometidos bien diferentes de los que, cargados de respetables buenas intenciones, pretenden asignar a aquélla nuestros economistas socialdemócratas de bandera. 
   
Ante el panorama que acabo de mal retratar de la mano de los dos ejemplos propuestos, ¿no es mucho más hacedero y realista el proyecto que nos invita a construir desde abajo un mundo --unas relaciones económicas y sociales-- nuevo y desmercantilizado? No estoy hablando, por lo demás, de un proyecto etéreo. Las realidades correspondientes ya están ahí. Pienso en los grupos de consumo que han proliferado en tantos lugares, en las perspectivas que surgen de las cooperativas integrales, en las ecoaldeas e instancias similares, en los bancos sociales que rehúyen el lucro y el beneficio o, por cerrar aquí una lista que bien podría ser más larga, en el incipiente movimiento que plantea el horizonte de la autogestión por los trabajadores en el caso de muchas empresas amenazadas de cierre. En todas estas iniciativas lo que despunta es un esfuerzo encaminado por igual a rechazar la delegación del poder en otros y a alentar la práctica de  la socialización sin jerarquías, las más de las veces sobre la base de postulados antipatriarcales, antiproductivistas e internacionalistas. ¿No empiezan a acumularse los argumentos para sostener que el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada es, no sin paradoja, mucho más realista que aquel otro que, al amparo de la vulgata socialdemócrata de siempre, todo lo hace depender de partidos, leyes y parlamentos? 
   
A menudo me encuentro a personas que, con argumentos respetables, subrayan que las dos opciones a las que me refiero en este texto no son incompatibles. Lo aceptaré de buen grado: no tengo por qué concluir, en particular, que quien legítimamente pelea por reformar la ley electoral es hostil a la gestación de espacios de autonomía no mercantilizados (y viceversa). Creo, sin embargo, que lo suyo es subrayar que esas dos opciones no sólo remiten a objetivos y métodos diferentes: se materializan también en proyectos organizativos distintos. Mientras en el primer caso el movimiento en que se concretan no es sino un instrumento al servicio de un proceso que debe discurrir fuera de él, en el segundo --el de los espacios de autonomía-- ese movimiento se convierte, de la mano de la asamblea, de la democracia directa y de la autogestión, en objeto con vida propia que, cabal y autosuficiente, no precisa de representaciones externas. De cara al futuro, y por su dimensión de demostración de que es posible hacer las cosas de forma diferente, parece que esta última es una apuesta más inteligente.

INVESTIGACIÓN, por Agustín Moreno

Históricamente España ha sido un país muy dependiente en ciencia y tecnología, aunque con excelentes científicos como Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Una pequeña época dorada fue la Segunda República, gracias políticos como Negrín que afirmaba que el conocimiento es universal y no tiene dueño y promovió la movilidad de los científicos. Pero la guerra y la dictadura interrumpieron la modernización en este campo. 

La Ley de Ciencia de 1986 creaba un sistema público que se instrumentaba a través del Plan Nacional de Investigación. Incluso llegó a tener un ministerio propio. Todos los discursos políticos han hablado de cambio de modelo productivo, de apuesta por I+D+i y por la sociedad del conocimiento, pero los recursos públicos siempre fueron escasos. Y menores los privados: la cultura empresarial ha preferido acumular beneficios y presionar a la baja los salarios, aunque perdiera competitividad, vez de invertir en I+D. 

Con la crisis se ha ido por la borda toda la Estrategia de Lisboa de la UE, para aumentar la inversión en conocimiento, reforzar la investigación, la formación y la educación. El objetivo era un 3% del PIB en I+D para 2010, pero estamos en un 1,35% del PIB, frente a un 1,83% de la media de la UE-27. Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 recortan la inversión en I+D un 25%, bajando a los niveles de 1983. Otros países, como los EEUU de Obama, suben un 10% esta partida por considerarla de eficiencia económica. 

Las consecuencias de los recortes son la eliminación de empleo (oferta pública cero, reducción de becas y contratos, la pérdida de científicos que retornaron del extranjero) y el abandono de programas. La situación es tan grave que 22 premios Nobel han criticado los recortes en ciencia y educación en una declaración pública en Valencia. Es la misma denuncia de 40.000 investigadores y ciudadanos que exigen medidas de apoyo. Es evidente que para mantener la excelencia investigadora se necesita dinero y estabilidad profesional. Además, hay un principio que dice que hacer ciencia es mucho más que dinero: es tiempo, para consolidar equipos y líneas de investigación, para no quedar descolgados de los procesos  de forma irreversible.

Golpe de Estado en Paraguay; por J.M. Martín Medem

El bipartidismo de la oligarquía ha dado un golpe de Estado en Paraguay para destituir al presidente Fernando Lugo mediante un falso juicio político en el Parlamento que controlan con mayoría absoluta el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Los colorados, que gobernaron durante sesenta años con la dictadura del general Alfredo Stroessner, encabezan la operación con el conocimiento de la embajada de Estados Unidos. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) considera que se trata de “una ruptura del orden democrático” y los presidentes de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador mantienen su apoyo a Fernando Lugo y no reconocerán al nuevo presidente golpista Federico Franco. Los conspiradores habían intentado previamente forzar la dimisión de Lugo (obispo antes de ser presidente) con la colaboración de la Conferencia Episcopal. Franco pertenece al PLRA que gobernaba en coalición con Lugo hasta que decidió incorporarse al golpe de Estado.

Fernando Lugo llegó a la presidencia en el 2008 con el voto popular, derrotando a la tradicional alianza de la oligarquía con el ejército, la jerarquía de la iglesia católica, los grandes medios de comunicación y los gobiernos de Estados Unidos.

El indecente juicio político para su destitución acusa al presidente Fernando Lugo de ser el responsable de una reciente matanza de campesinos en la ocupación de una hacienda del millonario Blas Riquelme, uno de los grandes beneficiados por el reparto de propiedades públicas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. El operativo tiene todas las características de las habituales intervenciones de la policía y de los ejércitos privados de los terratenientes contra los campesinos que reclaman fincas para trabajar. La debilidad del gobierno de Lugo, en minoría en el Parlamento, le impidió realizar la prometida reforma agraria pero sus inquisidores le acusar de ser cómplice de las invasiones de tierras y lo destituyen por “violar el derecho de propiedad al gobernar promoviendo el odio y la lucha de clases para imponer un régimen autoritario como los adherentes al socialismo del siglo XXI”.

Recortes, crecimiento, Syriza ; por Carlos Taibo

Como a menudo sucede, la lógica argumental del sistema nos obliga a elegir entre dos opciones que no pueden ser las nuestras. Si la primera --hablo del principal debate que se revela hoy en los países que tienen el euro como moneda-- señala que no queda más remedio que asumir  recortes dramáticos del gasto público, la segunda entiende que lo anterior es un error y que esos recortes deben limarse para permitir que las economías recuperen la senda del crecimiento. Mientras la señora Merkel abrazaría la primera posición, el recién elegido presidente francés, Hollande, postularía la segunda. Entrampados como estamos entre esas dos opciones, pareciera como si no hubiese ningún horizonte diferente.

        Está claro por qué hay que rechazar la primera de las perspectivas anotadas. Los recortes mencionados obedecen al evidente propósito de hacer que paguen justos por pecadores. Y es que en la esencia del juego de hoy lo que se asoma es una formidable estafa: quienes, a través de prácticas lamentables, han provocado un engordamiento espectacular de la deuda privada han recibido sumas ingentes de recursos públicos para sanear sus instituciones financieras. El efecto ha sido doble: mientras, por un lado, con el dinero de todos --y de la mano de un engrosamiento notable, de resultas, de la deuda pública-- se han saneado inmorales empresas privadas, por el otro estas últimas, gracias a los recursos recibidos, han impuesto reglas del juego de obligado cumplimiento, traducidas en retrocesos significativos en el gasto público en sanidad, educación y pensiones.    

  

        Acaso no es tan evidente, en cambio, por qué hay que poner mala cara ante la segunda opción que nos ocupa. Nadie negará que parte de una premisa fundamentada: la  política de recortes, sobre el papel encaminada a permitir que la crisis quede atrás, traba poderosamente cualquier recuperación económica y, como tal, prima con descaro los intereses privados y nos emplaza ante una recesión prolongada. No faltan, sin embargo, los problemas en esta segunda opción. Si así se quiere, son fundamentalmente tres. El primero es que la perspectiva que nos ocupa, aberrantemente cortoplacista, sólo parece interesarse por la crisis financiera y deja en el olvido las otras crisis que están en la trastienda. En ese sentido prefiere esquivar la conclusión de que el crecimiento económico no es esa panacea resolutora de todos los males que retrata el discurso oficial: poco o nada tiene que ver con la cohesión social, mantiene una nebulosa relación con la creación de empleo, propicia el despliegue de formidables agresiones medioambientales, facilita el agotamiento de recursos escasos, se asienta a menudo en el expolio de la riqueza humana y material de los países del Sur, y, en suma, apuntala un genuino modo de vida esclavo que nos invita a confundir sin más consumo y bienestar.     

        Hora es ésta de mencionar un segundo problema en la percepción que hace de la recuperación del crecimiento el objetivo fundamental. Da por supuesto que si el PIB vuelve a crecer se resolverán mágicamente la mayoría de los ingentes problemas sociales en los que estamos inmersos. Nos topamos aquí con una superstición más. Si la economía española era 100 en 2007, antes del estallido de la crisis financiera, hoy se emplaza en un 97. Con estas dos cifras en la mano, no parece que el deterioro sea tan notable como se nos sugiere. Lo que debiera preocuparnos no es el retroceso de tres puntos en la riqueza general, sino, antes bien, la distribución, cada vez más desigual, de esa riqueza. Y, sin embargo, esta dimensión queda en un segundo plano, absorbida por la intuición de que los problemas de los de abajo se diluirán en la nada si el crecimiento económico reaparece. Nada más lejos de la realidad. Hay que afirmar con rotundidad, antes bien, que en un escenario en el que en el Norte opulento hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, podremos vivir mejor con 80 --no con 120, con 100 o con 97-- si somos capaces de reorganizar nuestras sociedades y de redistribuir la riqueza. Salir del capitalismo se impone al respecto, claro, como urgencia.   

        Dejemos constancia, en fin, del tercer problema que acosa a la propuesta que parece abrazar el nuevo presidente francés y, con él, el conjunto de la socialdemocracia, declarada o encubierta. Me refiero a la ilusión óptica de que podemos, sin más, regresar a la aparente bonanza anterior a 2007. Esta pretensión ignora palmariamente que lo que hoy arrastramos no es sino una consecuencia lineal de lo que teníamos entonces. Se nutre, por lo demás, de la conclusión de que el papel de la izquierda progresista debe estribar en obligar al capital a reconstruir la regulación que ha ido tirando por la borda en los últimos decenios. En tal sentido sigue sin concebir otro horizonte que el del capitalismo y defiende sin cautelas una institución, los Estados del bienestar, que, junto a sus innegables virtudes, se muestra inseparable de la lógica de fondo de aquél, se asienta de siempre en fraudulentos pactos sociales, reclama por necesidad la lógica seudodemocrática de la representación, ratifica una economía de cuidados que castiga indeleblemente a las mujeres, ninguna solidaridad preconiza en lo que se refiere a los países del Sur y, en fin, parece difícilmente sostenible en el terreno ecológico. Qué llamativo es que en el discurso de la izquierda progresista, obsesionada en estas horas con el crecimiento y desentendida de la distribución --véase, si no, la patética propuesta cotidiana de Alfredo Pérez Rubalcaba--, falten siempre las palabras autogestión y socialización, no se aprecie ningún guiño encaminado a la creación de espacios de autonomía con respecto a la lógica del capital y la contestación del orden de la propiedad existente brille, en suma, por su ausencia. En semejantes condiciones, la apuesta consiguiente apunta a resolver algunos problemas de corto plazo a costa de agudizar de forma preocupante todos los demás.   

        La afirmación de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, tan común en los últimos tiempos, tiene un significado diferente si antes se ha enunciado una crítica cabal de la miseria en la que estamos inmersos o si, por el contrario, semejante crítica no se ha abierto camino. Mientras en el primer caso remite a una realidad reconocible --es verdad que en el Norte opulento hemos vivido por encima de lo que el planeta y la equidad nos permiten--, en el segundo se traduce en una genuina estafa moral: quien ha vivido por encima de sus posibilidades es el señor Botín. La disputa correspondiente tiene algún eco en otra que se refiere a la idoneidad del término austeridad para describir nuestras opciones. Una cosa es que rechacemos --no puede ser de otra manera-- las políticas de austeridad que se nos imponen al servicio de los intereses del capital, y otra que no nos percatemos de la necesidad de asumir, quienes podamos, en nuestra vida cotidiana y en nuestras respuestas colectivas, fórmulas de sobriedad y de sencillez voluntarias. 

        Bueno sería que de todo lo anterior tomasen nota los amigos de Syriza en Grecia. No deseo ignorar en modo alguno que la coalición de izquierda radical griega ha hecho suyas propuestas programáticas muy sugerentes. Mucho me temo, sin embargo, que si, además de seguir blandiendo el fetiche del euro, Syriza asume de buen grado la perspectiva hollandiana de encaramiento de la crisis, la del crecimiento, la conclusión estará servida: bien podemos hallarnos ante el enésimo retoño de una miseria, la socialdemócrata, que se niega a abandonarnos. 

EL TRIBUNAL SUPREMO VIOLA EL DERECHO INTERNACIONAL

 por José Manuel Martín Medem

Amnistía Internacional acumula argumentos contra los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para demostrar que “España está incumpliendo sus obligaciones internacionales respecto al derecho a la justicia de las víctimas y al deber de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo”. Y anima al poder judicial argentino a “continuar la investigación sobre los hechos atroces de genocidio y/o lesa humanidad durante dicho periodo”.

En su informe Casos cerrados, heridas abiertas, denuncia que “no se garantizan a las víctimas (y a sus familiares) de la guerra civil y del franquismo los derechos humanos relativos al acceso efectivo a la justicia que incluye la obligación del Estado de investigar, el derecho a saber y el derecho a una reparación”. 

AI reclama al gobierno y al Parlamento la anulación de la ley de amnistía, añadiendo que el poder judicial “debe confirmar en sus fallos que los crímenes de derecho internacional no se hallan sujetos ni a amnistía ni a prescripción”.

La organización de defensa de los derechos humanos considera que el archivo de las denuncias “se ha basado en criterios contrarios al derecho internacional” y acusa al Tribunal Supremo de imponer “una incorrecta interpretación del principio de legalidad penal, de la prescripción, de la ley de amnistía y de la ley de memoria histórica”. 

El TS, sostiene AI, “debería rectificar y realizar una interpretación del principio de legalidad conforme al derecho internacional”.

En relación con la querella tramitada en Argentina (que se argumenta por “la denegación de justicia en España”), AI defiende la aplicación de la jurisdicción universal porque “la alegación de la fiscalía española de que se están investigando los crímenes de lesa humanidad no se ajusta a la verdad de los hechos”.

Informe de Amnistía Internacional