por José Manuel Martín Medem
Amnistía
Internacional acumula argumentos contra los tres poderes (ejecutivo,
legislativo y judicial) para demostrar que “España está incumpliendo
sus obligaciones internacionales respecto al derecho a la justicia de las
víctimas y al deber de investigar los crímenes de derecho internacional
cometidos durante la guerra civil y el franquismo”. Y anima al poder judicial
argentino a “continuar la investigación sobre los hechos atroces de genocidio
y/o lesa humanidad durante dicho periodo”.
En
su informe Casos cerrados, heridas abiertas, denuncia que “no se
garantizan a las víctimas (y a sus familiares) de la guerra civil y del
franquismo los derechos humanos relativos al acceso efectivo a la justicia que
incluye la obligación del Estado de investigar, el derecho a saber y el derecho
a una reparación”.
AI
reclama al gobierno y al Parlamento la anulación de la ley de amnistía, añadiendo
que el poder judicial “debe confirmar en sus fallos que los crímenes de derecho
internacional no se hallan sujetos ni a amnistía ni a prescripción”.
La
organización de defensa de los derechos humanos considera que el archivo de las
denuncias “se ha basado en criterios contrarios al derecho internacional” y
acusa al Tribunal Supremo de imponer “una incorrecta interpretación del
principio de legalidad penal, de la prescripción, de la ley de amnistía y de la
ley de memoria histórica”.
El TS, sostiene AI, “debería rectificar y realizar
una interpretación del principio de legalidad conforme al derecho
internacional”.
En
relación con la querella tramitada en Argentina (que se argumenta por “la
denegación de justicia en España”), AI defiende la aplicación de la
jurisdicción universal porque “la alegación de la fiscalía española de que se
están investigando los crímenes de lesa humanidad no se ajusta a la verdad de
los hechos”.
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