lunes, 25 de junio de 2012

INVESTIGACIÓN, por Agustín Moreno


Históricamente España ha sido un país muy dependiente en ciencia y tecnología, aunque con excelentes científicos como Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Una pequeña época dorada fue la Segunda República, gracias políticos como Negrín que afirmaba que el conocimiento es universal y no tiene dueño y promovió la movilidad de los científicos. Pero la guerra y la dictadura interrumpieron la modernización en este campo. 

La Ley de Ciencia de 1986 creaba un sistema público que se instrumentaba a través del Plan Nacional de Investigación. Incluso llegó a tener un ministerio propio. Todos los discursos políticos han hablado de cambio de modelo productivo, de apuesta por I+D+i y por la sociedad del conocimiento, pero los recursos públicos siempre fueron escasos. Y menores los privados: la cultura empresarial ha preferido acumular beneficios y presionar a la baja los salarios, aunque perdiera competitividad, vez de invertir en I+D. 

Con la crisis se ha ido por la borda toda la Estrategia de Lisboa de la UE, para aumentar la inversión en conocimiento, reforzar la investigación, la formación y la educación. El objetivo era un 3% del PIB en I+D para 2010, pero estamos en un 1,35% del PIB, frente a un 1,83% de la media de la UE-27. Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 recortan la inversión en I+D un 25%, bajando a los niveles de 1983. Otros países, como los EEUU de Obama, suben un 10% esta partida por considerarla de eficiencia económica. 

Las consecuencias de los recortes son la eliminación de empleo (oferta pública cero, reducción de becas y contratos, la pérdida de científicos que retornaron del extranjero) y el abandono de programas. La situación es tan grave que 22 premios Nobel han criticado los recortes en ciencia y educación en una declaración pública en Valencia. Es la misma denuncia de 40.000 investigadores y ciudadanos que exigen medidas de apoyo. Es evidente que para mantener la excelencia investigadora se necesita dinero y estabilidad profesional. Además, hay un principio que dice que hacer ciencia es mucho más que dinero: es tiempo, para consolidar equipos y líneas de investigación, para no quedar descolgados de los procesos  de forma irreversible.

sábado, 23 de junio de 2012

Golpe de Estado en Paraguay; por J.M. Martín Medem

El bipartidismo de la oligarquía ha dado un golpe de Estado en Paraguay para destituir al presidente Fernando Lugo mediante un falso juicio político en el Parlamento que controlan con mayoría absoluta el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Los colorados, que gobernaron durante sesenta años con la dictadura del general Alfredo Stroessner, encabezan la operación con el conocimiento de la embajada de Estados Unidos. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) considera que se trata de “una ruptura del orden democrático” y los presidentes de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador mantienen su apoyo a Fernando Lugo y no reconocerán al nuevo presidente golpista Federico Franco. Los conspiradores habían intentado previamente forzar la dimisión de Lugo (obispo antes de ser presidente) con la colaboración de la Conferencia Episcopal. Franco pertenece al PLRA que gobernaba en coalición con Lugo hasta que decidió incorporarse al golpe de Estado.

Fernando Lugo llegó a la presidencia en el 2008 con el voto popular, derrotando a la tradicional alianza de la oligarquía con el ejército, la jerarquía de la iglesia católica, los grandes medios de comunicación y los gobiernos de Estados Unidos.

El indecente juicio político para su destitución acusa al presidente Fernando Lugo de ser el responsable de una reciente matanza de campesinos en la ocupación de una hacienda del millonario Blas Riquelme, uno de los grandes beneficiados por el reparto de propiedades públicas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. El operativo tiene todas las características de las habituales intervenciones de la policía y de los ejércitos privados de los terratenientes contra los campesinos que reclaman fincas para trabajar. La debilidad del gobierno de Lugo, en minoría en el Parlamento, le impidió realizar la prometida reforma agraria pero sus inquisidores le acusar de ser cómplice de las invasiones de tierras y lo destituyen por “violar el derecho de propiedad al gobernar promoviendo el odio y la lucha de clases para imponer un régimen autoritario como los adherentes al socialismo del siglo XXI”.